abusos psiquiatricos - An Overview
abusos psiquiatricos - An Overview
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Los profesionales de la salud se encuentran naturalmente en una encrucijada cuando existe una contradicción entre sus obligaciones con respecto a los pacientes y las leyes y políticas abusivas que limitan sus acciones. Como se señaló anteriormente, en Nicaragua, los profesionales de la salud se exponen a cargos penales por realizar abortos para salvar vidas.
El Comité de Derechos Humanos examina los informes relativos al cumplimiento del PIDCP, lo que incluye la prohibición de la tortura, y el Relator Especial de la ONU sobre la tortura constituye otro mecanismo para las investigaciones y los informes sobre la tortura y el TCID. Por lo tanto, el reconocimiento creciente de que los abusos cometidos en la atención a la salud constituyen una forma de tortura o TCID, contraria las disposiciones de la Convención contra la Tortura y el PIDCP, abre una serie de nuevas opciones para el resarcimiento de las víctimas de dichos abusos.
Las principales funciones de un psiquiatra es diagnosticar, dar seguimiento y prevenir los trastornos mentales de sus pacientes. Otras de las funciones que desempeñan se refieren a: Diagnosticar: las evaluaciones que realice el psiquiatra para dar diagnostico a un paciente deben ser exhaustivas para determinar la prescripción de un paciente. Manejo de medicamentos: una de sus principales funciones suelen ser recetar medicamentos para tratar los síntomas del paciente. El psiquiatra se encarga de recetar y supervisar la medicación necesaria. Tratamiento psicoterapéutico: algunos psiquiatras suelen brindar terapia psicológica por lo que esto les ayudará a comprender al paciente, algunos trabajan en equipo con algunos psicólogos.
2007; Echeburúa y De Corral, 2006) los criterios de coerción, asimetría de edad y conductas sexuales como fundamentales para comprender el abuso y sus repercusiones. Se trata de un acto sexual con un menor en el que no hay todavía el nivel de desarrollo emocional y cognoscitivo suficientes para comprender, decidir o impedir dicha actividad y en el que el agresor a través de la fuerza física, la amenaza, la autoridad o el engaño, impone diferentes manifestaciones de conducta sexual con o sin contacto físico.
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Un primer paso para abordar estos abusos es que los defensores de los derechos humanos y los profesionales médicos y sus asociaciones reconozcan la manera en que algunas conductas de los profesionales de la medicina y las políticas oficiales sobre salud pueden constituir tortura o TCID. A continuación presentamos unos cuantos ejemplos de casos investigados por Human Rights look at.
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Pero González Urrutia decidió no presentarse a la convocatoria del TSJ porque afirma que a esa instancia no le corresponde decidir sobre los asuntos del Poder Electoral, que nunca terminó de contar la totalidad de los votos.
Para terminar, es importante señalar una última secuela en el adulto, como es la revictimización. Según Dillo (Kernhof, Kaufhold y Grabhorn, 2008), las dificultades en interpretar las claves interpersonales y en mantener vínculos sanos, hace que las personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia sean más susceptibles de entrar en relaciones conflictivas y repetir el trauma.
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La negación de tratamiento médico para la drogodependencia y el síndrome de abstinencia también han sido identificados como una forma de TCID, tanto por algunos profesionales de la medicina como por expertos y tribunales en derechos humanos. Sin embargo, como ocurre con la MGF, los profesionales médicos suelen minimizar o desestimar el sufrimiento que puede provocar el negar este tipo de atención.[ix] Las políticas gubernamentales que prohíben el tratamiento eficaz para los consumidores de drogas y, en cambio, defienden el trabajo forzado y la detención, pueden cumplir con los criterios específicos de la tortura, de acuerdo con la definición del artworkículo 1 de la Convención contra la Tortura: todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, para castigar la adicción, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación (en este caso, el consumo de drogas), por un funcionario público.
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